martes, 29 de marzo de 2016

SI ES AMIGO DEL PRO NO ES DELITO, Por Werner Pertot (Fuente: Página12, 29/03/16)



Tras un fin de semana de descanso, la polémica. Dirigentes políticos y judiciales cuestionaron al presidente Mauricio Macri por quedarse en el campo del empresario Joseph Lewis, quien mantiene una controversia por impedir el acceso a lago Escondido. En el gobierno nacional señalaron que Macri se trasladó a sus actividades oficiales en un helicóptero de Prefectura y sólo utilizó el de Lewis cuando se tomó un descanso en su mansión, junto al lago al que se impide llegar a los rionegrinos. La senadora de la Coalición Cívica Magdalena Odarda, quien le sigue una causa judicial a Lewis, dijo estar preocupada por el gesto de Macri. En tanto, el abogado Ricardo Monner Sans sostuvo que lo que hizo Macri “es igual a lo de Boudou”, en referencia a la causa en la que se investiga al ex vicepresidente por el presunto delito de dádivas. La ex vocera de Lewis fue designada como directora de Radio Nacional Neuquén.

Macri viajó el jueves pasado a despedir al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien se alojó en el Hotel Llao Llao en Bariloche.

El Tango 10 aterrizó a las 13.30 del 24 de marzo en el aeropuerto de Bariloche. Según las fotos de que publicó el diario Río Negro, el avión frenó al lado de un helicóptero color bordó, que pertenece a Lewis. El presidente junto a la primera dama Juliana Awada y su hija Antonia subieron y de inmediato se alejaron volando. El equipaje, en cambio, viajó en el helicóptero oficial de Prefectura, que luego utilizarían Macri y Awada para volver a Bariloche y despedir a Obama.

El diario Clarín reveló que Macri eligió quedarse el fin de semana largo en la estancia de Lewis de Lago Escondido, un campo de 12 mil hectáreas que está a 45 kilómetros de El Bolsón. En el Gobierno, se limitaron a indicar que el viaje oficial lo hizo en el helicóptero de prefectura y consideraron que el resto forma parte de la vida privada del presidente.

Lewis es un multimillonario inglés –277 en el puesto de la revista Forbes, con un capital de más de cinco mil millones de dólares– que conduce el holding dueño del Club Tottenham. Tendría además acciones a través del fondo Tavistock –con sede en las Bahamas– en Pampa Holding, que tiene parte de la propiedad de la distribuidora eléctrica Edenor, beneficiada por los aumentos de tarifa resueltos por Macri al igual que Edesur, de la que participa otro amigo del presidente, Nicolás Caputo.

El empresario, de 79 años, compró durante los noventas la estancia y fue denunciado por adquirir esas hectáreas por un valor muy debajo del mercado. Pero la principal polémica se suscitó cuando impidió el acceso a Lago Escondido. Lo denunció Odarda, quien obtuvo un fallos a favor en 2009, 2012 y 2013 que Lewis nunca se molestó en cumplir. “Hace mucho tiempo que encabezo una causa judicial en su contra, con sentencias a favor pero sin lograr que se cumplan. Este señor no permite el libre acceso a Lago Escondido. Creyó haber comprado el lago”, indicó la senadora, quien advirtió que a partir de su denuncia sufrió pintadas agresivas, robo de computadoras, sabotaje en sus vehículos y hasta declaraciones de persona no grata. “Por eso, nos parece altamente preocupante que el presidente, a pesar de todas estas denuncias y juicios, haya decidido pasar el fin de semana en ese lugar”, indicó Odarda, quien recordó que Lewis tiene un aeropuerto privado que presenta irregularidades.

Por su parte, el senador de Proyecto Sur Pino Solanas indicó: “Ir la estancia de Joe Lewis que tiene fallos en contra de la Justicia argentina por usurpar territorio nacional es un grave error de Macri. Me parece cuestionable. Lewis cercó y convirtió en propiedad privada el Lago Escondido, evitando que cualquiera pueda llegar a la orilla”.

“Que Macri pase el finde en Río Negro en la estancia del inglés ladrón de lagos Joe Lewis, merece el repudio y rechazo”, consideró el diputado kirchnerista Martín Doñate, quien pidió que se inicie una investigación por presuntas dádivas. “¿O será que el PRO en Río Negro recibió la colaboración del magnate inglés para la campaña de 2015?”, se preguntó.

En tanto, el abogado Monner Sans indicó que el viaje en el helicóptero privado “es lo mismo que hizo Boudou en Necochea”. El abogado inició una causa judicial en la que el ex vicepresidente se encuentra procesado por presuntas dádivas, debido a que Boudou utilizó el helicóptero de una constructora el 17 de diciembre de 2011. Según el diario Río Negro, el helicóptero de Lewis también fue utilizado en 2013 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque en esa oportunidad fue alquilado para trasladarla a un acto oficial. Para Monner Sans, Macri podría haber cometido el mismo delito que Boudou “salvo que haya pagado el vuelo y pueda demostrarlo”. “Algún fiscal de oficio debe tomar la información para investigar esto, porque Macri dijo que lucharía contra la corrupción aún cuando se trate de gente suya, entiendo que se involucra”, sostuvo.

Ayer se conoció también la designación frente a Radio Nacional Neuquén de Dalina Pinacho, que fue vocera de Lewis hasta 2010 (aunque continuó en contacto con el empresario después de ese año). Pinacho protagonizó en 2007 una pelea con Elisa Carrió en la que la acusó de mentirosa. En Casa Rosada, confirmaron la información pero argumentaron que “es un poco rebuscada la relación. Ella es militante del PRO y dejó de ser vocera de Lewis hace años”. La puso en funciones el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal, en el marco de la política de pluralidad en los medios estatales.

jueves, 17 de marzo de 2016

UNA PRACTICA DEL ENTRE-DOS, Por Juan Ríos+ (Fuente Página12, 17/03/16)

 Cuál es el acto que funda nuestra práctica en un dispositivo de acompañamiento a las víctimas directas del terror de Estado, en tanto política pública reparadora e integral, enmarcada bajo los ejes centrales de Memoria, Verdad y Justicia?


Al intentar responder esta pregunta es lícito señalar la tensión en la que se desarrolla nuestra praxis en cuanto al abordaje de dos discursos que en su génesis epistemológica son por entero antagónicos. Me refiero al discurso jurídico y al discurso psicoanalítico.

Sabemos con Lacan sobre los cuatro discursos que hacen al lazo social y la equivalencia y/o sometimiento del discurso jurídico al descripto en el seminario XI como discurso universitario en donde el saber “objetivo” es acumulado y erigido como ideal de imperativo categórico.

Por contrapartida el discurso psicoanalítico intenta llevar el saber al lugar de la “verdad”, para lo cual debe propiciar el desmontaje de los saberes universales del “para todos” y construir una verdad singular propia del “para uno”.

La tensión inherente entre esos dos discursos es la que funda nuestra praxis institucional, y como bien señala Freud, terminamos ejerciendo con nuestro acto las “soluciones de compromiso” que median y soportan ese “entre dos”.

Nuestra historia trágica reciente nos obliga a ponernos en la piel del rol que jugó el Estado para aquellos a los que el discurso jurídico convoca a que pongan narración a lo estrictamente inenarrable.

Cabe señalar que ese mismo Estado es el que se apartó del ser garante de la legalidad fundante del pacto social y se erigió como única ley posible presentificándose como un Otro absoluto por fuera de su propia ley y sin estar necesariamente sometido a ella. Acto institucional renegatorio que dejó a los sujetosciudadanos a merced de la perversión gozosa de un Estado que obligó a cumplir con sangre la letra de una ley vacía de diferencia y que solo admitió la imposición de “individuos masa” moldeados a su propio y arbitrario parecer, con las consecuencias totalitarias que radicaron en la negación y el exterminio de cualquier divergencia posible.

Ya en otros tiempos históricos y políticos es que nos presentamos ante las víctimas del terror de Estado, paradójicamente con ese mismo significante, pero ahora haciendo de la diferencia un acto fundante de nuestra práctica y alojando el padecimiento de cada cual según sus propias construcciones singulares.

Durante mucho tiempo hemos asistido desde distintas coyunturas políticas, mediáticas y terapéuticas a la consonancia de ciertos discursos que promovían el olvido y la desmemoria como puesta en acto de una realidad saludable para con los sujetos damnificados y para con la nueva reescritura de la memoria colectiva en aras de una inquietante “pacificación nacional”.

Sabemos a partir de Freud y también de Marx que toda dinámica subjetiva y social se pone en marcha a partir de la tensión en las asimetrías, leídas como “conflicto entre instancias” en el primer autor o como “lucha de clases” en el segundo.

Con lo cual más allá de los intentos de cierto discurso del poder hegemónico, que se ha beneficiado de las políticas concentracionarias y que ha intentado “disciplinar” constantemente la memoria colectiva de la sociedad para des-responsabilizarse de sus actos, ha dejado un saldo cuya ecuación lógica es inasimilable en tanto resto imposible de reducir y enmarcar en la política del olvido como discurso uniformizante.

Previa a la intervención del Estado como práctica de una política pública, fueron los organismos de derechos humanos quienes encarnaron la voz silente de las víctimas del terror de Estado e hicieron de ese resto imposible de uniformizar por el discurso hegemónico-totalitario, el hueco-la hiancia por la cual hacer presente la memoria del olvido.

Es sobre ese hueco, sobre esa hiancia, por donde hoy la política pública intenta “reparar” aquellos efectos devastadores del terror de Estado para con los sujetos-víctimas directas de su acción, como así también para con los efectos sociales indirectos de su operación.

Ahora bien, ¿que entendemos como efecto reparador?

Sabemos desde el psicoanálisis la imposibilidad de volver las cosas a un estado anterior, en tanto toda irrupción pulsional rompe la homeóstasis del aparato psíquico y genera un efecto de huella traumatizante que hace marca en la historia individual del sujeto o colectiva de una sociedad.

Aun así, la apuesta del quehacer del Estado en tanto acción reparadora de lo que es estrictamente irreparable tiene un gran margen de acción, cuyo objetivo primario se traduce en “alojar” a sus víctimas, en prestarle su voz para que en una nueva invención del “eterno retorno” puedan reescribir su propia historia como sujetos deseantes y como colectivo social de un país.

Para ello el Estado ha tomado para sí la lucha inclaudicable de las voces silenciadas de los Organismos de Derechos Humanos y les ha dado el volumen necesario para ser oídos, en una entidad que se puede traducir en la ejecución y puesta en acto de los tres poderes del Estado.

El Poder Legislativo sancionando la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, el Poder Judicial traduciendo este mandato en la puesta en marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad y el Poder Ejecutivo aplicando programas para acompañar, asistir y reparar integralmente a sus víctimas.

Una vez comprendida la traza discursiva de los campos en tensión, debemos tener en cuenta que el acto de acompañar como política pública no se reduce a la coyuntura específica del momento del testimonio, sino que implica una diacronía de tres momentos analizables en un antes, durante y después del testimonio, como así también un análisis del tiempo sincrónico que la subyace.

Lo “ominoso” que pulsa en la experiencia traumática no es algo “que pasó” en términos diacrónicos de referencia espaciotemporal, más bien es algo “que pasa” en términos sincrónicos de estructuración lógica del inconsciente.

Las palabras que hacen borde en la coyuntura dramática de una narración sobre lo estrictamente inenarrable es siempre algo a construir.

Acompañar y alojar ese proceso es el objetivo primordial de las “entrevistas preliminares” a todo testimonio posible en estrados judiciales.

Hacer semblante para que una construcción literaria sea posible y tener una lectura sobre la posición subjetiva que cada quien tiene para con su propio padecer respecto a la narración de lo vivido y sufrido por el terror de Estado, es esencial para determinar si la víctima está en condiciones subjetivas (o no) de afrontar esa experiencia frente a un tribunal.

Para el discurso jurídico el brindar testimonio es una “carga pública”, o sea una “obligación” que tienen todos los ciudadanos de la polis en poner su palabra al servicio de una verdad objetiva para que ningún delito quede impune.

Para el discurso psicoanalítico el brindar testimonio es una “responsabilidad subjetiva”, o sea un “derecho” que tiene cada quien para la construcción de una verdad posible que contribuya a suturar las marcas del horror individual y así poder evitar la repetición en el colectivo social.

El intersticio entre la “carga pública” (en tanto obligación jurídica) y la “responsabilidad subjetiva” (en tanto derecho singular), es el margen de maniobra en el que podemos fundar nuestro acto como acompañantes para con las víctimas del terror de Estado en el proceso de dar testimonio en los estrados judiciales.

Hay que tener presente que no toda experiencia discursiva es reparadora per sé, solo oficia de borde en un reparo posible si la voluntad subjetiva de cada quien asume la responsabilidad de atravesarla desde la propia enunciación, más allá del enunciado.

Es en este punto donde debemos detener nuestra escucha para ser consecuentes con el deseo inconsciente de cada quien a la hora de brindar testimonio.

Como agentes de un Estado reparador es nuestro deber ético posicionarnos del lado de la enunciación de quien va a brindar su testimonio y respaldar ese posicionamiento subjetivo.

Evitar la revictimización por la cual el sujetovíctima fue puesto una y otra vez en el lugar de objeto, aun con el noble propósito de esclarecer una verdad silenciada, es la brújula ética que debe orientar nuestra praxis.

Una vez dilucidada la voluntad del sujeto en cuanto a responsabilizarse por su acto de testimoniar, llega el momento coyuntural de la “escena” del testimonio.

Aquí es necesario detenerse y tener en cuenta que no solo se acompaña al sujeto que brinda su palabra sino también a todo el conjunto de su familia, amigos, allegados y Organismos de Derechos Humanos que ponen en ese relato la expectativa de echar luz sobre sus propias oscuridades ominosas que dejó como marca la clandestinidad de aquellos sucesos traumatizantes.

Anticiparse a una escena es también poner en conocimiento los actores y el mecanismo de la misma, como así también los derechos y los deberes que lo asisten en el acto jurídico.

Hay que tener en cuenta la tensión subyacente entre los dos discursos puestos en juego y oficiar como soporte e intermediario de los mismos.

Por el lado de los actores jurídicos “subjetivar” el discurso para que tengan en cuenta las particularidades propias de la persona que porta ese saber (no sabido). Por el lado de quien presta testimonio “objetivar” el discurso para anoticiarlo de las particularidades propias de esa construcción de saber jurídico.

Si la decisión subjetiva de quien porta ese “saber no sabido” se hace responsable de “atravesar” en la construcción de un relato la experiencia jurídica, estaremos en condiciones de afirmar (sin temor a equivocarnos) que la experiencia de dar testimonio en un estrado judicial ha sido reparadora, ya que en ella se pone en juego ese “tercero de apelación” por el cual “la” justicia encarna y ejecuta la igualdad y el sometimiento a una legalidad simbólica, que media, atraviesa y está por encima de las rivalidades especulares intrínsecas, propias de las relaciones intersubjetivas de “todos” los ciudadanos de una sociedad determinada.

Si por el contrario la decisión subjetiva de quien porta ese “saber no sabido” es la de “no atravesar” esa coyuntura, mas allá (o más acá) de verse posicionados por cierto discurso Superyóico del “deber ser”, en tanto carga pública jurídica o funcionalidad del acto militante, podemos afirmar (con temor a equivocarnos) que la experiencia de dar testimonio no cumple una función reparadora, ya que es el posicionamiento del sujeto del inconsciente de cada quien el que pone la justa medida en la construcción de un relato responsable de sí mismo.

En estos casos, como venimos sosteniendo como psicoanalistas y como trabajadores de un Estado que intenta reparar su propio flagelo, nuestro único deber es para con las víctimas del terror de Estado. Lo que implica no ceder el posicionamiento ético de acompañar y validar sus propios posicionamientos subjetivos con el objetivo de evitar someterlos (aun con las mejores intenciones) a un más allá de sus propias decisiones, propiciando una “puesta en escena” revictimizante (acting) a la medida de un “eterno retorno” de lo fueron sometidos durante todos estos años.

¿Qué sucede el momento, el día, el mes, la elongación temporal del después del testimonio, cuando caen los emblemas identificatorios de lo que estuvo inmóvil durante tantos años?

Francamente cada cual se las tendrá que ver con su propia “novela familiar”, o sea con sus propias capacidades subjetivas, construidas o por construir, en relación a lo narrado, para con su propia historia y para con su propia transmisión filial y transgeneracional.

Como agentes del Estado ofrecemos una red de profesionales a disposición de cada quien para que en el tiempo singular de cada cual sepa que puede acudir y que será escuchado/alojado desde un deseo que nos hace abstinentes pero no neutrales.

Todo nuestro trabajo de asistencia integral en tanto política pública emanada del Poder Ejecutivo Nacional se enmarca bajo la órbita del “Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado”.

Más allá de las cuestiones obvias es lícito señalar que como funcionarios del Estado Nacional solo acompañamos a testigos víctimas y no a victimarios. Desde el punto de vista institucional la política pública se enmarca en la reparación de aquellas heridas causadas por su propio accionar, para lo cual es un contrasentido acudir al llamado de aquellos funcionarios que las han causado en nombre del propio Estado. En todo caso, de solicitarlo, habrá otras instancias no dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a donde podrán recurrir en un Estado de derecho.

Desde el punto de vista subjetivo de quienes ponemos en práctica nuestra labor institucional, es atinado tener en cuenta el “acto ético” que funda nuestra praxis. Contratransferencialmente soportando la abstinencia en la que suspendemos los juicios de valor que emanan de nuestro propio fantasma. Transferencialmente en el análisis de la posición del sujeto demandante, en la que ninguno de los victimarios (hasta ahora) se ha hecho responsable de sus propios actos, razón por la cual son impermeables al discurso psicoanalítico.

Como última premisa descompondremos nuestro acto en tres dimensiones de análisis, con las que podremos orientar cada una de nuestras intervenciones.

Una “dimensión subjetiva” en la que, como señalamos anteriormente, se pone en juego nuestro propio fantasma en tanto ordenador de sentido. Una “dimensión institucional” en la que seguimos las líneas directrices de la política pública reparadora, en tanto puesta en acto de los ejes fundantes de Memoria, Verdad y Justicia. Y una “dimensión política” en la que evaluamos el modo en que se ponen en juego las otras dos dimensiones en el ámbito específico de intervención.

Teniendo en cuenta estas premisas “el acto de acompañar” podrá sustentarse desde una posición ética que nos llevará a una nueva relación con lo real en tanto lo imposible de ser dicho, pero que no por ello dejará de insistir en y con sus marcas. Estará en el juicio íntimo de cada una de las víctimastestigos que han podido atravesar y atravesarse en ese acto, la evaluación última de nuestra labor conjunta.

* Juan Ríos fue psicólogo (UBA) y al momento de su muerte se desempeñaba como referente de la Megacausa ESMA en el Equipo de Acompañamiento a Víctimas-Testigos del Terrorismo de Estado, del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa (Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación).
Bibliografía

- Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos, Dr. Fernando Ulloa - Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Protocolo de Intervención para el Tratamiento de Víctimas-Testigos en el Marco de Procesos Judiciales. Area de Publicaciones de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Buenos Aires, 2011.

- Duhalde, Eduardo Luis, El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica. Ed. Eudeba, Buenos Aires, 1999.

- Freud, Sigmund, Recordar, repetir, reelaborar. Ed. Amorrortu, obras completas, libro XII. Buenos Aires, 2007.

- Lacan, Jacques, Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. Ed. Paidos, seminario 11, Buenos Aires, 2007.

- Marx, Karl Engels, Friedrich, El manifiesto comunista. Ed. Agebe, Buenos Aires, 2003.

- Rousseaux, Fabiana, “Lazo social desaparecido”. Diario Página/12, Sección Psicología, jueves 11 de diciembre de 2014.

- Ulloa, Fernando, La novela clínica psicoanalítica, Ed. Del Zorzal, Buenos Aires, 2012.

miércoles, 9 de marzo de 2016

EL MAL RADICAL Y LA BANALIDAD DEL MAL, Por Nora Merlín (Fuente: Página12, 03/03/16)



Entre 1976 y 1983 se vivió la experiencia más horrorosa de la historia Argentina, configurando un hecho traumático sin precedentes en la región. La crueldad que asumió el terrorismo de Estado superó los patrones de juicio moral y las categorías políticas utilizadas hasta entonces. Fue la emergencia del mal absoluto, una singularidad sin comparación alguna, que no pudo ser comprendida con las representaciones disponibles hasta entonces. Esa insuficiencia constituyó uno de los motivos que determinó que gran parte de la sociedad no admitiera inmediatamente lo acontecido. Fueron necesarios años de lucha y muchos elementos probatorios para que la cultura argentina, y no sólo una parte de la sociedad, haya podido reconocer la existencia de los desaparecidos y de los campos de exterminio.

Dos conceptos establecidos por Hannah Arendt permiten arrojar luz sobre algunos de los efectos sociales del terrorismo de Estado. El “mal radical”, desarrollado en Los orígenes del totalitarismo (1951), y la tesis presentada en La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén (1963).

Hannah Arendt denominó mal radical a las prácticas desubjetivantes instauradas por el régimen nazi. Constituyeron un hecho inédito, que requirió de la construcción de campos de concentración y exterminio, significando un quiebre respecto de las formas históricas de dominación. El objeto de los campos no se limitaba a la muerte de los allí recluidos, sino que se buscaba la aniquilación de la singularidad y la desaparición de las huellas de la existencia. La radicalidad del mal requería tres pasos para realizarse: 1) La supresión de la persona y de su carácter de ser humano borrando todo rastro o recuerdo de su existencia misma. Las personas eran tratadas como una masa informe, reducidas a fantasmales marionetas, incluso cuando se dirigían a su propia muerte. Se buscaba matar a la persona jurídica, situarla como una persona fuera de la ley a través de la desnacionalización. 2) La aniquilación de la persona moral, a través de la corrupción de toda forma de solidaridad humana, llegando al extremo de involucrar a los sometidos en la delación y asesinato de sus compañeros. 3) La aniquilación de cualquier rastro de individualidad y dignidad humana. Se proponían la eliminación de la subjetividad, de lo que Arendt denomina espontaneidad de los hombres, a fin de procurar la dominación total.

Los campos de concentración, maquinaria de producción de “cadáveres vivos”, demostraron que es posible aniquilar a los seres humanos sin que sea necesaria su eliminación física; privaron a la muerte de su significado como final de una vida.

La banalidad del mal es la tesis presentada por Arendt en su obra La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén (1963); en la que articula el mal y la responsabilidad. Se pregunta la filósofa cuáles son las motivaciones que llevan a producir semejante horror, y sostiene la interrogación por la responsabilidad de lo acontecido. Arendt entrevistó a Eichmann, teniente coronel de las SS, responsable de la solución final y del traslado de los deportados a los campos de concentración. Afirma en su tesis que Eichman no era un sujeto sádico o demoníaco, sino alguien “terriblemente normal”, totalmente común. Arendt observó que hombres normales, en determinadas circunstancias, se involucran en una empresa asesina y están dispuestos a todo con una completa exención de la responsabilidad por sus actos. Eichmann procedía siguiendo las reglas impuestas por el régimen nazi, repetía frases hechas o clichés, y presentaba una profunda incapacidad para pensar por sí mismo con criterios propios, aquellos que, tal vez, le hubiesen permitido cuestionar las normas establecidas. No mostró culpa, odio, ni arrepentimiento, alegaba que él no tenía ninguna responsabilidad porque estaba haciendo su trabajo, cumpliendo con su deber, obedeciendo órdenes y en conformidad con la ley.

El terrorismo de Estado en la Argentina instaló la represión, la desaparición de personas, los campos de exterminio, las torturas, los robos de niños y toda clase de violaciones. El regreso de la democracia, con Alfonsín en el gobierno, dio origen a un nuevo pacto social, resumido en el conocido imperativo “Nunca más”. En 1986 se sancionó la Ley de Punto Final, que estableció la prescripción de los juicios contra los imputados responsables, y en 1987 la Ley de Obediencia Debida, que instituía que no eran punibles los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera subordinado al de coronel. De esta forma, se legitimaba el montaje de un aparato burocrático de asesinato en masa, organizado desde el Estado, sin que se juzgara a los actores directos. Si la responsabilidad no es de nadie la culpa es de todos: se instala en la subjetividad la sospecha, la desconfianza, la angustia social, los duelos no pueden terminar de elaborarse y el dolor no cesa. Néstor Kirchner advirtió que sería imposible para la sociedad confiar en un Estado que había matado a sus hijos, y volver a creer en la política como herramienta de transformación. Comprendió que había una herida que aún sangraba en la cultura, y que no se recuperaría la paz social, la alegría, el sentimiento patriótico, ni se abandonaría el escepticismo en la política si no se establecía la responsabilidad de los causantes. El Estado argentino debía hacerse responsable de los horrorosos hechos acontecidos en esos años. Como presidente de los argentinos en nombre del Estado, Néstor Kirchner pidió perdón a las Madres, a los organismos de derechos humanos y a la Patria en su conjunto. Asumió el compromiso de continuar hasta las últimas consecuencias la lucha por la justicia. Las leyes de Punto final y de Obediencia Debida fueron anuladas por el Congreso Nacional en 2003, y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia dos años después, posibilitando de esta manera continuar y profundizar el camino de la memoria, verdad y justicia.

A partir del concepto de banalidad del mal, sabemos que cualquier hombre, en determinadas circunstancias, puede involucrarse en violencias y agresiones, y estar dispuesto a todo sin sentirse responsable por sus actos. En la democracia argentina actual constatamos con gran preocupación el rechazo del semejante transformado en enemigo. Muchas personas aplauden los despidos de trabajadores, la represión a manifestantes sociales, la persecución a militantes, etc. No hay nada que justifique la incentivación de la hostilidad en sus distintas manifestaciones. Una cultura reunida por el odio y su poder destructivo de los lazos sociales es una cultura en riesgo.

Brindar amparo, disminuir la hostilidad y garantizar la paz social es la función principal de un Estado. La acción de gobierno no debe reducirse a conducir los asuntos de gestión, sino que tiene que considerar como eje de sus políticas el compromiso con la regulación de la violencia, la agresividad, el temor y el odio entre los semejantes.

* Psicoanalista (UBA). Magister en Ciencias Políticas (Idaes).