PIDEN EL PROCESAMIENTO DE DIRECTIVOS DEL BNP POR LAVADO (Fuente: Tiempo Argentino, 29/09/15)

La Procelac y la fiscal del caso aseguraron que hay pruebas suficientes que demuestran que los 22 imputados integraron una organización destinada a lavar activos, por unos 1000 millones de dólares. Carlos Gonella viajó a París en busca de colaboración con la investigación en curso.

La causa que investiga el supuesto lavado de dinero desde la sucursal local del banco francés BNP Paribas, por unos 1000 millones de dólares, dio ayer dos novedades. Mientras que en el ámbito local, los fiscales que siguen el caso pidieron el procesamiento de 22 directivos y empleados, tanto franceses como argentinos, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, inició gestiones en París, capital de Francia, con vistas a lograr colaboración para la investigación.
El juez Osvaldo Daniel Rappa recibió ayer el pedido de los fiscales Paula Asaro, a cargo de la causa; Horacio Azzolín, fiscal de la Procuración; y Carlos Gonella, titular de la Procelac. Los tres requirieron que se dicten los procesamientos de los 22 directivos y empleados franceses y argentinos de la entidad financiera, y se declare, en carácter de medida cautelar, la inhibición general de bienes de los acusados y de BNP Paribas SA. Los imputados están acusados de cometer asociación ilícita para el lavado de dinero.
Respecto de la firma, los fiscales solicitaron además "la prohibición de modificar la composición accionaria/del capital" y "la prohibición de distribuir dividendos", medidas que tienen como objetivo "garantizar de modo suficiente la sujeción de los bienes a este proceso".
El texto de 160 carillas indicó que "se encuentran reunidos elementos de convicción suficientes para estimar que los encartados integraron, entre los años 2000 y 2008, una organización destinada al lavado de activos de procedencia delictiva y a infringir el régimen penal cambiario".
Los funcionarios precisaron que "el análisis de los indicios colectados revela la intervención concreta y directa de la oficina de Clientela Privada Internacional del 'BNP Paribas' Buenos Aires en un proceso dinámico lógico de gestión integral del patrimonio ajeno por fuera del circuito legal establecido".
Los acusados sobre los que el juez Rappa debe resolver su situación procesal son los ex directores generales de BNP Ghislain Martín de Bauce (1995-2000), Philippe Yves Henry Joannier (2001-2006) y Christian Marie Francois Giraudon (2006-2008); los directores administrativos Christian Armand Agustín Abeillon (1998-2006) y Michel Michael Basciano (2006-2008), entre otros.
La presentación de los fiscales coincidió con las audiencias que mantiene desde ayer en París el fiscal Gonella para pedir la cooperación a funcionarios del Estado francés en la investigación de las cuentas aún no identificadas que guardaban dinero de procedencia ilícita. La agenda de Gonella comenzó ayer con una reunión con la fiscal nacional financiera Eliane Houlette y continuará hoy con un encuentro con el gobernador del Banco de Francia y presidente de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Christian Noyer. Gonella también será recibido por la presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, Michele André, y por el relator general de la misma comisión, Albéric de Montgolfier.
Mañana, el fiscal antilavado tiene previsto reunirse con el director del Servicio de Tratamiento de Información y Acción contra los Circuitos Financieros Clandestinos (Tracfin), Bruno Dalles, una agencia que tiene similares objetivos en su país a la Unidad de Información Financiera (UIF) en Argentina.
Por la tarde, Gonella será recibido por el secretario de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Yves Censi. Su actividad en París culminará el jueves con una conferencia de prensa que brindará el fiscal en la sede de la Embajada argentina en la capital francesa. «

INDAGAN EL DESGUACE DEL BANADE EN LOS 70, POR GERARDO ARANGUREN (fuente: TIEMPO ARGENTINO, 28/09/15)

La CNV investiga el entramado económico que sostuvo a la dictadura, que en 1976 ordenó "liquidar" las tenencias estatales en los grupos privados. Un punto clave fue el copamiento de esa entidad, que llegó a ser dueña de hasta el 40% en 350 empresas.

En 1976, a partir de planes de ayuda en crisis desplegados por el Estado, el Banco Nacional de Desarrollo (Banade) tenía participación en unas 350 compañías privadas. Durante la dictadura cívico militar, la pata empresario financiera del terrorismo de Estado liquidó casi toda esa participación estatal. Lo hizo de modo acelerada, sin transparencia y en condiciones desventajosas.
Los restos del Banade fueron finalmente liquidados durante el menemismo. Pero, más de 20 años después, vuelve el debate con el proyecto de ley aprobado en el Congreso para proteger las acciones estatizadas de las AFJP en empresas privadas y crear una agencia que las administre y controle. El proyecto busca justamente impedir que suceda lo que ocurrió en la dictadura con la reprivatización del patrimonio del Estado.
La Oficina de Coordinación de Políticas de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) investiga desde hace tres años el entramado financiero y económico de la dictadura. El equipo, confirmado por Bruno Napoli, Sebastian Juncal, Edgardo Álvarez, Emiliano Gullo y Marilina Winik, avanzó recientemente sobre el Banade y su rol entre 1976 y 1983.
El Banade fue creado en los '70 como heredero del Banco Industrial y continuador de su política para financiar proyectos productivos de mediano y largo plazo. Con el golpe de 1976, tenía acciones en unas 350 empresas. La participación del banco era entre 20 y 30%, pero en algunos casos llegaba a más del 40 por ciento, dijo Juncal en diálogo con este diario.
Esas acciones las había adquirido el Banade a partir de los programas de rehabilitación y recuperación de empresas en crisis, mediante los cuales el Banco absorbía la deuda fiscal y previsional a cambio de acciones.
Así, se hizo de participación en empresas como las automotrices Chrysler y Volkswagen, los ingenios Ledesma y Tabacal, Austral, Perez Companc, Papel Prensa, Techint, así como firmas comerciales, industriales, agropecuarias, financieras, entre otras.
En agosto de 1976, la CNV recibió la instrucción de Hacienda para liquidar esas tenencias accionarias del Banade. Para cumplir con las formalidades de la ley, se inscribió al banco en el mercado extrabursátil. Es decir, para permitirle vender las acciones por fuera de la Bolsa de Comercio y el Mercado de Valores. Se trata de un mercado de negociaciones bilaterales que era controlado directamente por la CNV”, explicó Juncal.
Y agregó: “A partir de ese día se inició una vorágine de ventas que hasta el 30 de junio de 1980 liquidó casi todo: participaciones en 236 empresas y liquidación y quiebra de otras 46. Se malvendió la gran mayoría porque, en un contexto inflacionario, era muy complicado determinar el valor de las empresas. Luego de la reforma financiera y la ley de inversiones extranjeras, ingresaba capital desde afuera que no era regulado y compraban con muchos beneficios en un contexto de devaluación del peso. En muchos casos, compraban para liquidarlas directamente”.
La compra de esas acciones fue realizada por empresas de capital nacional que provecharon el contexto para comprar a la competencia y crecer. El rol de la CNV era autorizar las propuestas de ventas de paquetes accionarios pero no se hacía cargo de lo que valía la empresa ni de la oferta que se hiciera, ya que era su intervención era meramente procedimental. “Era un documento en blanco al Banade para que las negocie, y el directorio del banco en ese período estaba plagado de empresarios de grupos económicos con conflictos de intereses con las operaciones de venta”, detalló Juncal.

Directores
A través de los años en el Banade hubo directivos vinculados con las principales empresas argentinas, como Carlos Pérez Companc, Alejandro Bulgheroni (Bridas) y Enrique Patrón Costas (San Martín del Tabacal), todos antes del golpe.
A partir de 1976, los principales puestos fueron ocupados por banqueros e industriales. Ese año asumió el cargo de presidente el banquero Carlos Conrado Helbling, cercano al entonces ministro de Economía, José Martínez de Hoz, y miembro de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que defendía las políticas de liberalización económica llevadas adelante por el régimen. Ya en ese momento, la organización Montoneros lo acusaba de utilizar su rol en el Banade para comprar acciones en empresas a bajo costo.
Entre sus directores figuraron Rodolfo Lanús de la Serna, que fue presidente del Bank of New York y luego presidente del Banco Provincia en 1981, y Cayetano Licciardo, funcionario de varias dictaduras.
Entre 1978 y 1981, Egidio Iannella se hizo cargo del Banade. Antes había sido presidente del BCRA, vice del Banco Federal Argentino, director del Banco Federal de Inversión y fundador de Visa Argentina. Lo siguieron en el cargo Celestino Carbajal, empresario industrial y banquero, y, en 1982, Rafael Antonio Vila, empresario que luego representó al dictador Emilio Massera en el directorio la Empresa de Desarrollos Especiales, de fábrica de armas.

Debacle
Según la información relevada por la Oficina de DDHH, el colapso del Banade se produjo a partir del financiamiento de grandes proyectos industriales. Entre 1976 y 1982 tomó deuda en moneda extranjera para subsidiar a los grandes grupos económicos afines a la dictadura, como Papel Prensa, Loma Negra, Dálmine Siderca y Papel del Tucumán. También perjudicó las arcas estatales la decisión de nacionalizar la deuda en dólares de algunas empresas, como Celulosa Argentina.
Al finalizar la dictadura, en 1983, era el banco más endeudado en moneda extranjera, con el 23,5% del total de la deuda, número que triplicaba al Banco Provincia, que le seguía en esa lista.
Acciones estatales
Juncal destacó la reciente aprobación del proyecto que evitará una liquidación similar a la del Banade con la participación estatal -vía Anses- en empresas privadas. Para vender esas acciones, ahora se necesitará de dos tercios del Congreso. Para el historiador, ese proyecto “se debería vincular con una política industrial más general y con nuevos instrumentos de financiamiento. «

SOY "CHUSMA", POR E. RAÚL ZAFFARONI (PÁGINA12, 24/09/15)

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI

“La ley Sáenz Peña, ha venido entre no- sotros a asegurar el triunfo de la bestia policéfala, analfabeta, todo instinto, sobre los brotes excelsos del alma humana en la tierra virgen de nuestras pampas y desiertos. Y lo peor es que vivimos dentro de la atmósfera del sufragio universal, convertido en Evangelio de los teorizadores, hijos de la Revolución Francesa, que han hecho del mundo un infierno.”

Esto escribía un senador nacional, que había sido gobernador de Jujuy, en los años treinta del siglo pasado (Benjamín Villafañe, La ley suicida, 1936, p. 15), al que siguió un libro titulado Chusmocracia, en que abordaba temas tales como “el sufragio universal ante la ciencia biológica”.

Nadie hoy habla con la claridad de Villafañe, pero algunos parecen pensar lo mismo.

Ahora que hubo jueces que actuaron jurídicamente y salvaron la dignidad de la condición de magistrados, la resolución que revocaron merece ser meditada, porque sin duda es una de las más graves decisiones que salió de los estrados de un Poder Judicial de nuestro país, y que en su fondo ideológico es mucho peor que la famosa Acordada de la Corte Suprema nacional del año 1930: la lamentable acordada pretendía limitarse a reconocer una situación “de hecho” que había avasallado la voluntad mayoritaria, derrocando y poniendo en prisión a un presidente popularmente electo, pero esta resolución pretendió, por sí misma, desconocer la voluntad mayoritaria: no “reconocía” lo que había hecho un general alucinado por el corporativismo, sino que ella misma producía el hecho.

En su espíritu no hay nada diferente a lo que con claridad expresaba Villafañe: la “chusma” es explotada, se aprovechan de su ignorancia, el “clientelismo” invalida las elecciones. No son las fallas de un procedimiento electoral, que no tenían relevancia para el resultado final de la elección, sino todo el proceso eleccionario, porque se habría engañado a las masas ignorantes. El reclamo del voto calificado aunque tácito, queda claro: la ley Sáenz Peña es un error.

Es penoso que no recordemos nuestra historia no tan lejana. Tuvimos dos elecciones anuladas: una en 1931, cuando el dictador Uriburu anuló el triunfo de la fórmula radical PueyrredónGuido en la provincia de Buenos Aires, y mandó a los dirigentes radicales a Ushuaia. Relean muchos políticos de nuestros días el libro de Ricardo Rojas, sobre su estadía en Ushuaia. Relean los diarios de 1916, que son los mismos que ahora ponderan la decisión tucumana revocada, cuando se escandalizaban de que la “chusma” hubiese desatado los caballos del coche de Yrigoyen. Recuerden cuando en 1912 en Santa Fe, en la primera aplicación de la ley Sáenz Peña, les abrieron las urnas por debajo para llenarlas de votos conservadores. Recuerden a Yrigoyen en Martín García.

La segunda anulación de elecciones provinciales fue la de 1962, cuando militares golpistas obligaron al Presidente a firmar la anulación y luego lo llevaron preso, también a Martín García, donde ya habían llevado preso a Perón, quince años después que a Yrigoyen. ¿Se olvidaron que a la isla Martín García la llamaban “YPF” (Yrigoyen, Perón, Frondizi)?

El pasado manda, los muertos mandan aunque no hablen, hay historia y memoria, no podemos borrar el pasado, porque siempre hay alguien que refresca la memoria.

No se olviden que muchos, si ahora escriben y hablan y pasaron por las universidades, en buena medida lo deben a los gobiernos votados por las “chusmas”. Si hacen un buen análisis de conciencia, verán que fue gracias a esos gobiernos que muchos pueden gozar efectivamente de lo que son. ¿Quiénes abrieron nuestras universidades al pueblo, sino los gobiernos de la “chusma”?

Quizá más, algunos tal vez les deban la vida misma. Pueden ser los beneficiarios de la política de salud de Ramón Carrillo, que murió pobre y en el exilio. Y eso fue gracias al voto de la “chusma” del 17 de octubre de 1945, que fue calificada de “aluvión zoológico”.

Sinceramente, antes que pertenecer a la elite racista y pretender corregir los “errores” de las mayorías con una visión iluminada de minoría ilustrada, única capaz de percibir la realidad que se le oculta a las “mayorías ignorantes”, no dudo en ser parte de la “chusma” de Villafañe. Decididamente me hubiese sumado a desatar los caballos del coche de Don Hipólito y treinta años más tarde me hubiese refrescado los pies en la Plaza de Mayo. No puedo dudar en asumirme como “chusma”.

¿Es esta una manifestación de autoritarismo fascista? No, Villafañe tenía razón: es la Revolución Francesa la que tuvo la culpa, la de las mujeres hambreadas que cantaban La Marsellesa, que con gusto y sin saber mucho de dónde viene entona nuestra elite perfumada. Está claro. El liberalismo político tuvo la culpa del triunfo de la “chusma”. Obvio, porque el liberalismo político es igualitario y, por ende, es el antagonista del “liberalismo económico” desigual que hoy postula el poder financiero transnacional y sus muñecos de ventrílocuo folklóricos y locales.

¿Son acaso nuestros elitistas quienes pueden llamarse liberales políticos? Es posible que los populismos hayan cometido errores, y más aún, como todo el que gobierna, seguramente los han cometido. ¿Pero quiénes fueron más antiliberales? ¿Acaso fue liberal lo que hizo Uriburu con los radicales o la revolución fusiladora con los peronistas? ¿Fue liberal proscribir partidos políticos mayoritarios? ¿Acaso fue liberal mandar presidentes a Martín García? ¿Fue liberal el comisario Lugones? ¿Fue liberal poner masivamente ciudadanos a disposición del PEN? ¿Fue liberal anular militarmente dos elecciones porque perdieron los que eran minoritarios? ¿Fue liberal bombardear la Plaza de Mayo, dándonos el triste privilegio de tener la única capital del continente bombardeada desde el aire? ¿Fue liberal ametrallar a los manifestantes desde el aire? ¿Fue liberal fusilar a Valle y sus compañeros sin proceso? ¿Fue liberal derogar una Constitución por decreto, sosteniendo que no había sido convocada por la mayoría de dos tercios, cuando faltaban unos pocos votos, para convocar inmediatamente a otra sin ningún voto y por la sola voluntad de un dictador? ¿Fue liberal el famoso decreto 4161? ¿Fue liberal sacarse de encima con un decreto una Constitución molesta, para acordar el ingreso al FMI? ¿Es liberal un diario que aplaudió estas medidas y en el que hoy pontifican con cara seria comentadores nada serios invocando un “republicanismo” incomprensible? ¿Es liberal pretender que la Presidenta no pueda entregar el mando a otro Presidente electo por la mayoría?

No es necesario mencionar la última dictadura para verificar que no fue más que la culminación de un largo proceso, jalonado por estas y otras atrocidades previas. No nació del vacío ni de la nada, no fue resultado de una invasión de extraterrestres, sino que se fue preparando con todos estos episodios, hasta acabar inevitablemente en el genocidio.

Cuando la pretendida superioridad elitista resurge, ahora nada menos que en los estrados de la “sagrada justicia”, no podemos menos que retomar el hilo de la historia contemporánea. Debemos tener memoria, pero no sólo de las atrocidades de la última dictadura, sino también de todo lo que la precedió, o sea, recordar el espíritu elitista de las minorías iluminadas y racistas que se consideraban superiores a la “chusma ignorante” y que, por ende, proclamaban que sólo ellas sabían qué era lo “bueno”, con un hipócrita paternalismo “tutelar” de las mayorías a las que explotaban y mantenían fuera del escenario político.

Por primera vez una sentencia pretendió anular una elección en toda nuestra historia. Hubo sentencias aberrantes que legitimaron el desconocimiento de la voluntad popular, pero por primera vez una sentencia quiso anularla directamente en virtud de su propio acto jurisdiccional. Por primera vez una sentencia asume en palabras más oscuras y confusas, oculto bajo eufemismos, el discurso transparente del viejo senador Villafañe. No hubo ninguna bocanada de aire fresco en esa sentencia, sino un aliento fétido que nos viene de los momentos más elitistas y antiliberales de nuestra historia contemporánea.

Soy “chusma”, lo asumo, pero no pretendo ser “el Pueblo”, porque también los que pierden cualquier elección son Pueblo, pero cuando son menos no tienen otra solución que resignarse y jugar en la próxima. Esa es la regla de la democracia. Otra actitud nos regresa hacia un pasado teñido de dolor, sangre y explotación, al que no queremos ni debemos volver.

EL FIN DEL EFECTO PARADÓJICO, POR IRINA HAUSER (Página12, 22/09/15)

Los jueces señalaron que con el argumento de resguardar la soberanía popular, la Cámara la había lesionado, ya que se opuso a la decisión de la mayoría de los votantes. Criticaron el clientelismo, pero afirmaron que no se comprobó que hubiera habido fraude.

Para la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Tucumán, el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anulaba las elecciones en la provincia contenía una especie de efecto paradójico: con el argumento de resguardar la soberanía popular terminó lesionándola, ya que por una serie de irregularidades sin gran impacto cuantitativo en la votación, puso en tela de juicio la decisión de la totalidad de los votantes, una manera de inmiscuirse en la conciencia y la decisión privada de cada ciudadano. De las prácticas clientelares, por cuestionables que sean, dijo la Corte local en respuesta a uno de los ejes del fallo de la Cámara, no se deduce la falta de autonomía de los electores implicados en ellas, ya que son libres de decidir cuando entran al cuarto oscuro. Algunos de los supremos tucumanos hicieron notar que el tribunal inferior ignoró que el Código Electoral establece en el artículo 117 que para considerar nulo un acto electivo tienen que haber sido anuladas la mitad de las mesas por parte de la Junta, algo que aquí no sucedió.

Hay algunos conceptos clave que recorren el fallo del tribunal tucumano: que se hayan detectado ciertas irregularidades no significa que automáticamente haya que anular la votación, una decisión de una gravedad inusitada y sin antecedentes; en todo caso, no hay razón para extender posibles consecuencias legales más allá de las mesas donde ocurrieron hechos puntuales; tampoco es que se han precisado todas las anomalías en cuestión y, en las que fueron descriptas (clientelismo, cambios de domicilio, custodia de las urnas y hechos de violencia) no se cuantificaron sus consecuencias en la elección; no hay en el fallo de la Cámara en lo Contencioso administrativo ninguna demostración de que haya habido fraude propiamente dicho. Por eso, en algunos de los votos se subraya que ese tribunal inferior fue “arbitrario”, “dogmático”, “incoherente”, de “señalamientos jurídicos inconexos” y “no se ajusta a parámetros de razonabilidad”.

La sentencia de la Corte tucumana es un rompecabezas firmado por cinco jueces, en cuatro votos distintos, aunque todos convergen en un mismo resultado: revocar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló las elecciones provinciales del 23 de agosto. Tres de los jueces ordenaron, además, levantar la medida cautelar que impedía a la Junta Electoral provincial proclamar ganadores. Fue la postura de Daniel Posse y Raúl Bejas (que compartieron un voto) y de Benjamín Moisá. De ahí que el secretario de la Junta electoral saliera a dar el anuncio de que Juan Manzur será proclamado gobernador en las próximas horas. El candidato opositor, José Cano, lo admitió pero anunció que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación.

Posse y René Goane son los únicos dos vocales naturales de la Corte de Tucumán. Los demás, sorteados para este caso, son Bejas, Moisá y Carlos Ibáñez. Tuvieron que intervenir por dos excusaciones (Antonio Gadur preside la Junta y Claudia Sbdar declaró enemistad manifiesta con un abogado del Acuerdo para el Bicentenario) y un ausente por viaje (Antonio Estofán).

En relación con el concepto del clientelismo, el juez Goane analiza que a los votantes que no se prestaron ni participaron de ninguna irregularidad, que son los más, no se los puede hacer cargar con un costo tan alto como el de controvertir su voto. La sola existencia de anomalías –analiza– no equivale a falta de libertad genuina del electorado a la hora de sufragar. “Del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes al ingresar al cuarto oscuro quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña (...) se avanza sobre la conciencia misma de las personas que participaron del comicio”, advierte el juez. Ninguna autoridad estatal, dice, puede inmiscuirse “en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano”. A la vez dice que el argumento de la Cámara “no trasciende el plano de lo meramente conjetural”.

Como dato objetivo, concreto, marca que de 3539 mesas computadas (sin contar las 62 anuladas) solo se registraron 57 protestas de los apoderados o fiscales del Acuerdo para el Bicentenario “lo que configura una conducta incongruente con la hipótesis de maquinación fraudulenta”. Tampoco hay prueba, dice, de que el contenido a las urnas haya sido adulterado.

En su voto conjunto, Posse y Bejas critican que la Cámara se haya apartado del artículo 117 del código electoral. Posse incluso lo explicó públicamente: “tiene que haber un cincuenta por ciento de las urnas invalidadas y en las que haya sido modificada efectivamente la voluntad popular (...) hubo episodios aislados que no justificaban anular una elección de más de un millón de tucumanos”.

El texto de ambos jueces puntualiza que las prácticas clientelares no fueron cuantificadas en su incidencia real sobre el resultado electoral, lo que impide que sea un argumento para trasladar a todos los votantes. Nada permite determinar que se haya “probado la afectación de la conciencia y la libertad de los electores como para justificar sin más la ilegitimidad del sufragio”; en relación con hechos de violencia en las localidades de Los Pérez, Gobernador Garmendia y Huasa Pampa, señalan que “no es para nada razonable adjudicarles la entidad suficiente para hacer variar el resultado de la elección general que se pretende anular de raíz”, lo que implicaría “una violencia aun mayor contra la voluntad del electorado”. Fueron hechos puntuales y circunscriptos, dijeron. Acerca de las tentativas de cambio de domicilio, detectadas por la junta electoral con antelación, señalan como “sorprendente” el argumento que tampoco señala cantidad de votantes afectados por estos hechos. Fue parcial, agregan, el análisis de la custodia de las urnas y la falta de cámaras. Destacan que hubo fiscalización y participación amplia en el escrutinio definitivo.

Una frase de estos dos jueces sintetiza un punto nodal del fallo: “Los medios que arbitró (la Cámara) para el fin que pretende garantizar (que es preservar la inalterabilidad de la voluntad del pueblo de la provincia) termina desconociendo la propia voluntad del electorado de las mesas no cuestionadas (que son ampliamente mayoritarias) y por lo tanto no se revela adecuado, ni guardan proporción ni aptitud suficiente para alcanzarlo, al poner en riesgo la gobernabilidad de las instituciones de la provincia y la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

El juez Ibáñez hizo un recorrido por las posibles irregularidades que, coincidió “no basta que haya irregularidades o la comisión de delitos (...) para anular las elecciones deben tener entidad para afectar sustancialmente el resultado final”. Como ejemplo puso que 25 urnas destruidas en tres localidades representan un número “irrelevante” frente a las 3000 del escrutinio. A su entender es de gravedad institucional para la democracia anular un comicio.

El último voto, de Moisá, se distingue del resto: considera que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no era competente para analizar el tema, que a su entender es competencia exclusiva de la Corte local.

Todos los jueces hablan de la gravedad del clientelismo político y exhortan a las autoridades de los tres poderes a tomar medidas para combatirlo, y a que analicen modificaciones en el sistema electoral. Dicen que hay que llamar a elecciones complementarias solo en las mesas anuladas por la junta. Mientras tanto, proclamar a los ganadores.

UN ATAQUE DE CORDURA, POR MARIO WAINFELD (PÁGINA12, 22/09/15)

MARIO WAINFELD

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CST) revocó en todas sus partes y por unanimidad la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (“la Cámara” en adelante). Lo resolvió a toda velocidad, imperiosa dada la gravedad institucional de la descabellada anulación de todas las elecciones de autoridades provinciales y municipales. El fallo se dio a conocer pasada la medianoche del domingo trasuntando que hubo un fin de semana con mucho trabajo.

La integración del tribunal fue farragosa pues la precedió una maraña de recusaciones interpuestas por el opositor Acuerdo para el Bicentenario. No nos extenderemos sobre las recusaciones porque son un estadio superado aunque queda claro que su intención era demorar y salpicar el procedimiento.

El primero en votar fue René Mario Goane, el presidente del tribunal en su composición peculiar que, posiblemente, no se repita nunca dado el modo en que se removieron y se añadieron magistrados. Los demás jueces adhirieron al primer voto en general y agregaron argumentos propios, con matices. Seguramente todos quisieron decir algo propio en un asunto de tamaña relevancia.

La sentencia es un rayo de cordura en un proceso electoral cuyos perdedores quisieron invalidar sin privarse de generar un clima de crispación. El fallo recurrido era funcional a esos objetivos.

Los supremos tratan con cortesía a la Cámara. Tanto que alguno adjetiva como “loables” sus intenciones. Demasiada cortesía... tributaria de afinidades entre colegas o de transigencia corporativa tal vez. Pero lo cortés no quita, en sustancia, lo valiente. La CST desbarata los artificios de la anulación e incluso sus presupuestos ideológicos.
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El viernes pasado se escribió en esta columna que la anulación no era “apenas” una resolución errada: es arbitraria, algo cualitativamente distinto y más grave.

Es difícil para los profanos en derecho entender que una sentencia no es un ejercicio de pura deducción, una suerte de silogismo entre las normas generales y los hechos particulares que conduce, lógicamente, a una sola deducción posible. Puede y suele haber para un caso más de una solución válida admisible, aunque sean excluyentes. Se explica así que haya revocaciones totales o parciales en distintas instancias, un hecho cotidiano que puede chocar al sentido común. Se sopesan las pruebas, de analiza el derecho se razona... y es probable que se arribe a puertos distintos.

La arbitrariedad, en cambio, es el reemplazo de la razón por el mero capricho del juzgador, sustancialmente más grave.

El voto del juez Goane describe el vicio de la anulación, en su jerga: “Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que omite valorar adecuadamente elementos de juicio que resultaban conducentes para la recta dilucidación del litigio y arriba a conclusiones que no se corresponden adecuadamente con las constancias de la causa”.

Así (des)calificó Goane a la medida recurrida, con toda razón. Otros vocales adhirieron lo que subraya la inconsistencia de la decisión original. Posse y Bujas que presentaron un voto conjunto, agregaron: “El sentenciante, explícitamente mas sin motivación adecuada, resolvió prescindir de los textos legales vigentes aplicables a la especie”. Dicho más en criollo: no hicieron una interpretación del derecho, se apartaron de él.
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Como ya se escribió, la Cámara inventó un peligroso criterio conceptual y aristocrático. A su ver, el contexto político tucumano vició insanablemente el comicio. Una especie de contaminación mortal que no se ancla en ley alguna. Hay pobreza, hay clientelismo, hay personas “desamparadas” que supuestamente votan. Según sus señorías su voluntad ha sido arrebatada y en un arranque de supuesta caridad privan de validez al veredicto ciudadano. La incoherencia entre el diagnóstico y la pretendida curación es fenomenal. La ideología que los nutre quizás es menos ostensible.

Goane la pinta así: “Los motivos que llevan a un elector a votar en tal o cual sentido son de la más variada índole (política, afectiva, económica, religiosa, etc.), y podrá compartírselos o no, pero ello no autoriza a ninguna autoridad estatal a inmiscuirse en el ámbito interno de las personas, juzgando la conciencia de cada ciudadano (cfr. arg. art. 19 de la Constitución Nacional), pues en tal caso se corre el riesgo de que termine sustituyéndose la voluntad de la persona por la del juzgador, lo que aquella realmente quiso por lo que éste considera debería querer”.

En palabras del cronista: la misericordia es liso y llano paternalismo que arranca de un prejuicio altanero: los desamparados eligen “mal”... si se compara su criterio con el de la elite judicial. El costo es la sustitución de la decisión subjetiva del ciudadano (fuera el que fuera su origen que nadie puede juzgar en tribunales) por los deseos del magistrado. Se habló de preservar la majestad del sufragio y se suplió la voluntad del pueblo soberano por la de dos jueces que no solo se creen sus señorías (expresión nobiliaria que habría que desterrar del vocabulario republicano) sino sus majestades. “Inmiscuirse” escribió el presidente de la CST, con delicadeza.
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El argumento sistémico-holístico es falaz, la Corte lo desnuda. Tras él cae como un castillo de naipes el resto del fallo. Los miembros de la Corte la emprenden contra otros ejes o carencias de la nulidad. Uno es la falta de proporcionalidad entre la sanción y los defectos que dieron contorno al comicio. No se los niega: se los señala y se ordena su reparación. Pero se insiste en que las irregularidades denunciadas carecen de entidad para desmoronar la elección. Se hace un inventario de las mesas cuestionadas, de la cantidad de votos inválidos. Son cifras irrisorias comparadas con el total. El detalle fue subestimado por la Cámara.
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Un aspecto chocante de la conducta de la oposición liderada por el diputado y candidato radical José Cano fue invocar su propia torpeza. Esa conducta jamás debe ser acogida en tribunales... lo fue. Por empezar, quienes quemaron urnas se indignaron por el vandalismo, lo denunciaron y pidieron la nulidad. Si se permite un chiste menor entre tanto léxico forense la metodología recordó a este cronista un viejo cuento de Conrado Nalé Roxlo, un simpático y agudo escritor del tiempo e’ñaupa. Fabulaba “Chamico” (el autor se valía de ese apodo) la historia de un comisario de pueblo que le tenía ojeriza a un gaucho. Mandó a que le quemaran el rancho y tras cartón lo arrestaran por “vago”. El fundamento fue que la definición legal de “vagancia” es “no tener domicilio conocido”. La piromanía, entre otras variables, habilita la comparación. Volvamos al núcleo.

No sólo se alegó la propia violencia, ejercida por algunos dirigentes. La oposición contradijo otros “actos propios”, vinculantes, que ella misma produjo. Soslayó que fiscalizó la elección y que participó en un tramo esencial de los escrutinios. La Corte se lo recuerda y describe la incoherencia, castigándola: “Se pasa por alto una cuestión trascendental para la recta dilucidación de la causa, como lo es la conformidad que prestó el frente actor durante el escrutinio definitivo respecto de casi la totalidad de las urnas, pues de las 3.539 mesas computadas (no se incluyen las 62 anuladas) sólo se registraron 57 protestas por parte de los apoderados o fiscales del Acuerdo para el Bicentenario, lo que configura una conducta incongruente con la hipótesis de maquinación fraudulenta en la que se funda la demanda de autos”.
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Como resolvió la cuestión de fondo la CST, lógicamente, dejó sin efecto la medida cautelar que trababa la proclamación del gobernador electo, Juan Manzur. La Junta Electoral puede hacerlo legalmente ya mismo, entonces.

La oposición interpondrá recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación. Como su nombre lo indica el recurso no es automático: puede concederse o rechazarse. La primera en decidirlo será la Corte Suprema de Tucumán. Si lo deniega, los perjudicados pueden deducir otro recurso: la “queja” en el máximo tribunal nacional. Si ése es el itinerario futuro, la queja no suspende los efectos de la sentencia que comentamos. O sea, habrá más tiempo, acaso el necesario para que Manzur asuma en la fecha prevista.

Es razonable que la CST rechace el recurso de la oposición, tomando en cuenta la endeblez de sus planteos.

De modo más general, el principal argumento para rechazar un recurso extraordinario en asuntos similares es el federalismo. Se trata de una cuestión provincial: lo son el comicio, el padrón electoral, las autoridades elegidas, el máximo tribunal que decidió el pleito. Esa ha sido jurisprudencia dominante antes de la actual integración de la Corte nacional. La actual ha tenido criterios divergentes, en los pocos asuntos de cierta entidad que le llegaron.

El principal criterio para que la Corte presidida por Ricardo Lorenzetti resuelva el pleito es que se han violado reglas constitucionales nacionales. Siempre hay un resquicio para colar tal visión.

El cronista se inclina por restringir mucho la injerencia nacional en asuntos provinciales aunque debe reconocerse que el punto habilita polémicas.

Los escenarios hipotéticos son tantos que obligan a ahorrar las especulaciones y su inventario. Pueden imaginarse dos escenarios extremos. Por lado que Manzur asuma y la Corte nacional declare “abstracta” la cuestión o (muy improbable pero no imposible) que la oposición desista su batalla judicial. En otro extremo, que la Corte nacional acepte el recurso cuyo trámite (calculado a ojímetro) casi seguro se prolongaría más allá de la fecha fijada para la transmisión del mando. Se irá viendo.
***

LA CST incluye una exhortación para mejorar el sistema electoral. Es lo que se llama un “obiter dictum”: un consejo sin imperio, sin autoridad de cosa juzgada. Como la intención es loable, se la puede admitir a título de sugestión, un poquitín arrogante.

Desde luego que es imperioso proponerse que el 25 de octubre sea una jornada ejemplar. Para eso es forzoso custodiar la limpieza de la votación, facilitar que muchos argentinos se expresen en paz. Un escrutinio sereno y creíble redondearía el círculo. Todo requiere cooperación, compromiso y buena onda de autoridades y participantes. Suena difícil en el contexto.

La voluntad ciudadana es el valor supremo, la certeza una de sus garantías. La celeridad vendría bien y reforzaría la legitimidad pero no es el aspecto esencial. La validez, el respeto a la voluntad ciudadana y la masividad prevalecen, lejos.

Semaforo en rojo para las elecciones Argentinas (apropósito del despropósito fallo de la Cámara Tucumana)

Como un gran semaforo en rojo, las noticias del día nos despiertan con que "la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró nulas las elecciones del pasado 23 de agosto en esa provincia".
Tan grave decisión tomó cuerpo en ocho fojas –de un total de 20 carillas– y han dicho los magistrados que los comicios donde se eligieron trescientos setenta y cinco cargos carecen de validez.
Recordemos que el escrutinio definitivo concluido el lunes pasado (14.09.15) le había otorgado al candidato oficialista una amplia diferencia de casi doce puntos, unos 110 mil votos. DOCE PUNTOS (!).

Con la leche derramada y frente a tamaño despropósito jurisdiccional, se nos plantean muchas interrogantes, pero en primer término, la clara idea de corroborar que no es mucho lo que puede esperarse de la "justicia argentina", en tanto poder del Estado (el menos democrático), que con el falso ropaje de "cenicienta de los poderes", con claro sesgo clasista, en un accionar casi constante, impone el arbitrio de las clases dominantes y de los intereses extranjeros.
Ahora bien: ¿estamos en presencia de un claro golpe de Estado judicial? por cierto que si, y ello, en tanto y en cuanto se ignore la voluntad del pueblo. (Insisto: había "DOCE PUNTOS" de diferencia, no una solitaria mesa en Necochea).
Y como gran duda, me preguntó hoy: ¿Hasta donde llegará el afán de los republicanos que niegan el propio mandato del soberano?
Recordemos como nota de color, que ya la Revolución francesa se había enfrentado con el intringulis de "qué hacer con los jueces", herederos directos de la rancia aristocracía, sino la rancia aristocracia, del viejo orden que luego sería depuesto. Pero conocido es, este selecto grupo logró esquivar a los revolucionarios y como instrumento de los poderosos, hoy goza de buena salud, maxime entre nosotros.
El fallo que criticamos es a las claras una maniobra más que evidente para evitar lo inevitable, esto es: el clamor del pueblo expresado en las urnas.
Es evidente que en octubre se verificarán actos y maniobras como las de la justicia tucumana, pero por el momento solo nos resta esperar y estar atentos, muy atentos, no perder pisada a los acontecimientos que se avecinan, porque nuevamente estamos ante una disyuntiva histórica.

Roberto C. Suárez.
Abogado Especialista en Abogacía del Estado

LA CAMARA QUEMO TODAS LAS URNAS EN TUCUMAN "Uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia"

El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, consideró "ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada y destituyente" la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que dispuso anular las elecciones realizadas en Tucumán. Dijo que no tiene dudas de que la causa “tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En declaraciones formuladas a la prensa al ingresar a la Casa de Gobierno, el ministro coordinador aseguró no tener dudas de que “tiene que llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación” la situación institucional de la provincia. “No tengo duda de que esto no se resuelve en Tucumán. Se trata de uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia, que constituye un caso de prevaricato liso y llano”, aseveró el jefe de ministros.
Fernández insistió que el fallo de la Justicia tucumana "es uno de los disparates jurídicos más grandes de la historia de la Argentina y de los argentinos, un disparate jurídico de magnitudes imposibles con lo cual esto termina inexorablemente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la cual va a tener que intervenir y resolver sobre la cuestión".
"En Tucumán ha habido una elección, en la que pareciera que dos meses antes beneficiaba a la oposición y después paulatinamente fue girando hacia el oficialismo; las encuestas lo mostraban semanas antes. Cano es el responsable de todo este desaguisado, de esta vergüenza a la que somete a toda la provincia y el país, cuando comenzó a batir el parche respecto de la posibilidad de un fraude", criticó.
Según el jefe de Gabinete, en Tucumán "se realizaron elecciones sin inconvenientes, salvo las 42 urnas que fueron quemadas por personas que formaban parte de su propia lista y lo reconoció (Cano) y estuvieron y están detenidos. Se demoró mucho en la realización del escrutinio provisorio porque había 24.000 candidatos, hay un sistema de elección muy malo. Pero después de la una, dos de la mañana, comenzaron a llegar los resultados y esos resultados mostraron una ventaja clara e irreversible de Juan Manzur".
Pero la decisión de este "vergonzoso Tribunal Contencioso Administrativo, que ayer declaró inconstitucional el artículo del Código Procesal Constitucional que dice que la competencia se otorga o se define por la materia. Lo que ha hecho es decir que cualquier juez, de cualquier fuero, puede agarrar y avanzar con cualquier causa, un juez penal puede entender ahora en un quiebra, por ejemplo". Ante una consulta vinculada una hipotética intervención federal, Fernández advirtió que “material para discutir la intervención existe, pero primero hay que ir por la vía judicial”.

Fuente de la nota: http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-281871-2015-09-17.html

Sobre el texto de Peter Singer: Repensar la vida y la muerte, el derrumbe de nuestra ética tradicional por Claudio Javier Castelli

(Trabajo en verdad titulado "¿Repensar la vida y la muerte?", y presentado en la materia Bioética, de la Maestría en Filosofía del derecho, de la Facultad de Derecho de la UBA. La posición de Singer, como, a poco de leer se demuestra, estamos lejos de compartirla, pero es necesario que sea conocida)

1) Sobre el texto de Peter Singer: Repensar la vida y la muerte, el derrumbe de nuestra ética tradicional, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, Méjico, 1997, Capitulo 9.

a) La estructura de las revoluciones éticas.

“Los antiguos utilizaban el modelo de sistema solar propuesto por Tolomeo, según el cual la tierra era el centro del universo y todos los cuerpos celestes giraban en torno a ella”. Copérnico propuso un planteamiento totalmente nuevo, sugirió que los planetas, incluida la tierra, giraban alrededor del sol. Esta idea exigía abandonar la preciada idea de que el hombre es el centro del universo. Kepler demostró después que las órbitas no era círculos perfectos, sino elípticas. Sí nosotros somos la razón de que se haya creado todo lo demás, ¿por qué recibimos un trato tan mediocre? (Ibíd. Pág.185/186).

“Al igual que la cosmología anterior a Copérnico, la doctrina tradicional de la santidad de la vida humana es hoy en día un profundo problema”. Es el momento de otra revolución copernicana. La visión tradicional de que toda la vida humana es sacrosanta no es capaz de hacer frente al conjunto de problemas a que nos enfrentamos. La nueva visión ofrecerá un planteamiento nuevo y más prometedor? (Ibíd. Pág. 186/87).

b) La reescritura de los mandamientos.

“¿Cuál será la actitud de la nueva ética? Tomaré cinco mandamientos de la vieja ética que hemos vistos que son falsos y mostraré como es necesario reescribirlos para obtener un nuevo planteamiento ético de la vida y la muerte. No quiero que los cinco nuevos y mandamientos se consideren como algo esculpido en piedra. “Yo desde luego no apruebo ninguna ética grabada en piedra (Ibíd. Pág.187).

Primer antiguo mandamiento: Considerar que toda vida humana tiene el mismo valor. Cuando la ley toma al pie de la letra este mandamiento, se produce lo que ahora todo el mundo considera algo absurdo, como la supervivencia de Joey Fiori durante casi dos décadas en estado vegetativo persistente, o el que se siga asistiendo con un respirador a un bebé anancefálico. (Ibíd. Pág. 188).

Primer nuevo mandamiento: reconocer que el valor de la vida humana varía. Cuando la vida no es una vida total o casi total privación, la nueva ética juzgará si vale la pena seguir viviendo mediante el tipo de ejercicio de equilibrio recomendado por el juez Donaldson en proceso del bebé J, teniendo en cuenta tanto el sufrimiento predecible como las posibles compensaciones. El mejor argumento en favor del nuevo mandamiento es lo absurdo del antiguo. Cuando rechacemos este antiguo mandamiento, nos fijaremos en las características que atañen a la ética, como la capacidad para disfrutar de experiencias agradables, interactuar con otras personas o tener preferencias sobre la continuidad de la vida. Nuestra decisión sobre cómo tratar a estos pacientes no dependerá de la sublime retorica sobre el mismo valor de toda vida humana, sino de las opiniones de las familias y parejas, que merecen consideración en un momento de pérdida trágica. (Ibíd. Pág.188/189/190).

Segundo antiguo mandamiento: Nunca poner fin intencionadamente a una vida humana inocente. El segundo mandamiento se debería rechazar porque es demasiado absolutista como para tener en cuenta todas las circunstancias que pueden plantearse. Si la Iglesia católica hubiera dicho que era permisible practicar craneotomía, habría tenido que renuncia o bien al carácter absoluto de su prohibición de poner fin a una vida humana o bien a la idea de que el feto es un ser humano inocente. La doctrina sigue vigente, aunque la razón de que ya no esté causando la muerte de mujeres sin motivos es únicamente que los avances en los métodos obstétricos ahora permiten desbloquear el feto y sacarlo vivo. Otra circunstancia en la que es necesario renunciar al segundo antiguo mandamiento es –como los jueces británicos señalaron al fallar en el caso Bland- cuando la vida no beneficia a la persona que la está viviendo. Pero esto sólo demuestra la importancia que le da la ética tradicional a la fina línea que separa el poner fin a una vida suprimiendo el tratamiento y ponerle fin mediante una inyección letal. La actitud de la ética tradicional queda resumida en el famoso verso: No matarás; pero no es necesario que luches sumisamente por seguir viviendo.

(Ibíd. Pág. 190/91)

Segundo nuevo mandamiento: responsabilízate de las consecuencias de tus decisiones. En vez de fijarse en si los médicos pretenden o no poner fin a las vidas de sus pacientes, o si ponen fin a las vidas de sus pacientes retirándoles los tubos de alimentación den vez de suministrarles inyecciones letales, el nuevo mandamiento insiste en que los médicos deben preguntar si una decisión que prevén que pondrá fin a la vida de un paciente es correcta, tras haber considerado todos los aspectos. El nuevo enfoque no tiene que considerar el dejar de salvar como equivalente de matar. La propia sociedad no sobreviviría si no hubiera algún tipo de prohibición del asesinato de personas. La sociedad puede sobrevivir si la gente no salva otras personas que lo necesitan, aunque será una sociedad más fría y menos unida

La distinción entre matar y permitir morir es menos clara de lo que comúnmente pensamos. Cualesquiera que sean las razones que pueda haber para preservar al menos una parte de la distinción tradicional entre matar y permitir morir –por ejemplo-sostener que es peor matar personas ajenas que dejar de darles la comida que necesitan para sobrevivir- estas razones no se aplican cuando, como Lillian Boyes, una persona quiere morir y la muerte sería más rápida y menos dolorosa si se produjera mediante un acto (por ejemplo, suministrar una inyección letal) que por omisión (por ejemplo, esperar hasta que el paciente contraiga una infección y entonces no suministrarle antibióticos). (Ibíd. Pág. 192/193/194)

Tercer antiguo mandamiento: nunca te quites la vida e intenta evitar siempre que otros se quiten la suya. La prohibición del suicidio formaba parte de la creencia general de que el Estado debería hacer valer la moralidad y actuar de forma paternalista con los ciudadanos. El primero en poner en tela de juicio esta idea del verdadero papel del estado fue el filósofo británico del siglo XIX John Stuart Mill, que escribió en su obra clásica De la libertad: “El único fin por el que se puede ejercer legítimamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, ya sea físico o moral, no es razón sufieciente.” (Ibíd. Pág. 194).

Tercer nuevo mandamiento: respeta el deseo de vivir o morir de una persona. Sólo una persona puede querer seguir viviendo o no tener planes para el futuro porque solo una persona puede comprender la posibilidad de una existencia futura para sí mismo. Esto significa que poner fin a la vida de las personas contra su voluntad es algo diferente de poner fin a la vida de los seres que no son personas. De hecho, estrictamente hablando, en el caso de aquellos que no son personas no podemos hablar de poner fin a sus vidas en contra o según su voluntad porque no pueden tener deseos acerca de esta cuestión. Sólo una persona tiene derecho a vivir. (Ibíd. Pág. 195).

Cuarto y antiguo mandamiento: creced y multiplicaos. Es un mandamiento Bíblico. San Agustín decía que el acto sexual sin el propósito de procrear es pecado y que el intentar impedir activamente la procreación convierte a la cámara nupcial en un burdel. Lutero y Calvino eran iguales de enérgicos. En el Siglo XIX y hasta la primera guerra mundial, varias potencias europeas tenían políticas de incrementar la población para tener grandes ejércitos. Las restricciones al aborto se deberían considerar en el marco de esta visión histórica de que es bueno que aumente el número de personas. El exceso de población mundial hace desacertado el mandato Bíblico. El autor presupone que por el exceso de población mundial y el recalentamiento terrestre, haría imposible un buen nivel de vida, como “los nuestros” (sic) –Ibíd. Pág.195/96-

Cuarto y nuevo mandamiento: traer niños al mundo sólo si son deseados.

El hecho de que un embrión se pueda convertir en una persona no significa que se pueda perjudicar a ese embrión. El embrión no tiene ni ha tenido nunca, necesidades o deseos, por lo que no podemos perjudicarle haciendo algo contrario a sus deseos. Ni podemos causarle sufrimiento. No es más que un óvulo antes de la fertilización. Si no está mal matar a un embrión porque perjudica a un ser humano ya existente, entonces el hecho de que matarlo signifique que nazca una persona menos tampoco lo perjudica. (Ibíd. Pág. 197).

Quinto antiguo mandamiento: considera cualquier vida humana siempre más valiosa que cualquier vida no humana.

“Si comparamos aun niño humano muy retrasado con un animal no humano, por ejemplo un perro o un cerdo, a menudo descubriremos que el ser no humano tiene capacidades superiores, tanto reales como potenciales, para la racionalidad, la conciencia de sí mismo, la comunicación y cualquier otra cosa que se pueda considerar importante.” En la revista donde el autor escribió lo anterior recibió más de cincuenta cartas de protesta, y en Alemania fue suspendido un simposio, donde iba a hablar también por las protestas de sus irritantes posiciones. Singer manifiesta que es una defensa desesperada de la visión antropocéntrica del universo. Solo la arrogancia humana puede impedir que lo veamos. (Ibíd. LPág. 198/99).

Quinto nuevo mandamiento: no discriminar por razón de la especie.

La creencia de que toda vida tiene el mismo valor sugiere que es tan malo arrancar una col como lo sería matar de un disparo a la primera persona que llamara el timbre de la puerta. Si es un extraterrestre, y éste puede tener preferencias conscientes por seguir viviendo, ésta es una razón para no matarle. No todo corazón humano es humano, mientras que algunos corazones no humanos son humanos. Debemos conceder a los animales no humanos el mismo derecho a la vida que concedemos a los seres humanos el mismo derecho a la vida que concedemos a los seres humanos o considerar que está igual de mal poner fina a la vida de esos seres no humanos que poner fin a la vida de un ser humano con la misma característica o combinación de características. No podemos otorgar justificadamente más protección a la vida de un ser humano de la que otorgamos a un animal no humano si el ser humano ocupa un puesto inferior al del animal en cualquier escala posible de características relacionadas con él. Ni todos los miembros de la especie Homo sapiens son personas ni todas las personas son miembros de la especie Homo sapiens. (Ibíd. Pág.199/200/01/02).

c) Algunas respuestas.

A pesar del carácter preliminar del esbozo de la nueva ética, no es prematuro ver que respuestas da a algunos de los problemas que hemos discutido.

Muerte cerebral, anencefalia, muerte cortical y estado vegetativo persistente.

El nuevo planteamiento no hace que la decisión sea más fácil. El dejar de mantener las funciones corporales de estas personas normalmente es una decisión ética justificada, según el primero y quinto nuevo mandamiento, puesto que la característica más relacionada con la ética en los seres humanos cuyo cerebros han dejado de funcionar irreversiblemente no es que son miembros de nuestra especie, sino que no existe la posibilidad de que recobren el conocimiento. El seguir viviendo no puede beneficiarles si carecen de conciencia.

Cuando los padres de un niño anencefálico quieren que se donen los órganos de sus hijos para salvar la vida de otro niño, el hecho de que el bebé anencefálico esté vivo no debería impedirnos hacer lo evidente: tomar el corazón del bebé que no puede beneficiarse de seguir viviendo y dárselo a otro que si puede. Si los padres del niño corticalmente muerto hubieran estado dispuesto a dar su consentimiento para donar su corazón, se podría haber salvado al bebé con una lesión de corazón. (Ibíd. Pág.203/04).

Aborto y mujeres embarazadas en estado de muerte cerebral.

Después de comparar la vida humana con las ranas y los peces, concluye que no hay razones para para oponerse al aborto antes de que el feto sea consciente, y sólo hay razones muy poco sólidas para oponerse a él en cualquier fase del embarazo. (Ibíd. Pág.204/05)

Recién nacidos

En la moderan era de leyes del aborto liberales, la mayoría de los que no se oponen al aborto liberales, la mayoría de los que no se oponen al aborto han trazado una línea muy clara en el nacimiento. Si, como he defendido, esta línea no marca un cambio repentino en el estatus del feto, entonces parece haber sólo dos posibilidades: oponerse al aborto o permitir el infanticidio. Aunque, después de cierto momento, el feto pueda ser capaz de sentir dolor,, no hay razón para considerarle racional o consciente de sí mismo, por no mencionar capaz de vérsela a sí mismo como existente en diferentes momentos y lugares. Pero lo mismo se puede decir de un niño recién nacido. Los bebés humanos no nacen con conciencia de sí mismo, ni son capaces de comprender que existen en el tiempo. No son personas. De ahí que no parezca que sus vidas merecer más protección que la vida de un feto. El derecho a controlar su propio cuerpo y su propio sistema reproductor ya no es suficiente para determinar la vida o muerte del bebé recién nacido. Si la madre del bebé no quiere quedarse con su hijo, puede hacerse cargo de él otra persona. Esta razón para preserva la vida del niño es fuerte en una sociedad en que hay más parejas esperando para adoptar un bebé que niños que necesiten que les adopten. El nacimiento establece una diferencia en el estatus del bebé. Pero la diferencia es de grado, no debe pensarse que al niño recién nacido se le debe el mismo grado de protección que una persona. En general, las decisiones sobre el futuro de los recién nacidos con graves discapacidades las deberían tomar no los jueces que no tendrán nada que ver con el niño después del juicio, sino los padres tras consultar con el médico. ¿Por qué entonces un médico tan eminente como sir Douglas Black se sintió capaz de decir, en el juicio de Arthur, que es ético que un niño que padece síndrome de Down…no sobreviva. Tanto en beneficio de nuestros hijos como en el nuestro, puede que no queramos que un niño comience el incierto viaje si las perspectivas son turbias. Hoy en día el diagnóstico prenatal es algo rutinario en las mujeres mayores, que tienen más riesgo de tener un bebé con síndrome de Down. Se basa en el supuesto de que si la prueba muestra un feto con síndrome de Down u otras anormalidades, le seguirá un aborto. Si el embarazo era deseado, la pareja normalmente intentará concebir otro hijo. El argumento más sólido para considerar que los recién nacidos tienen derecho a la vida desde el momento del nacimiento es simplemente que ninguna otra línea tiene la visibilidad y evidencia que se requiere para marcar el comienzo de un derecho a la vida reconocido socialmente. (Ibíd. Pág. 206/207/208/209/210/211/212/213)

Personas

Es un ser con conciencia de su propia existencia en el tiempo y con capacidad para tener necesidades y planes para el futuro. También hay una poderosa razón política y social para proteger las vidas de aquellos que pueden temer su propia muerte. Esto proporciona otra razón para reconocer que toda persona tiene derecho a la vida o, en otras palabras, que es más erróneo quitarle la vida a una persona que quitarle la vida a cualquier otro ser. Nadie puede temer que le maten si lo pide de forma persistente, informada y autónoma. El segundo nuevo mandamiento indica que los médicos no pueden refugiarse en la idea de que, al suspender el tratamiento, simplemente están dejando que la naturaleza siga su curso. Al contrario, son responsables de la decisión que toman, que va a permitirle al paciente morir, en vez de posponer la muerte.

La base de la nueva postura acerca de la vida y la muerte

Hay una opinión común de que la razón y los argumentos no desempeñan un papel en la ética y, por tanto, no tenemos necesidad de defender nuestras opiniones éticas cuando se cuestionan. Espero haber mostrado que no es fácil ignorar el hecho de que nuestra visión de la ética de la vida y la muerte es incoherente. Las diferencias entre el antiguo y el nuevo enfoque provienen de cinco mandamientos éticos claves. Con cambiar dos supuestos es suficiente para llevar a cabo una completa transformación de la vieja ética. El primero de estos supuestos es que somos responsables de lo que hacemos intencionadamente, pero en cierto modo no somos responsables de lo que no impedimos deliberadamente. El segundo es que las vidas de todos los miembros de nuestra especie, y sólo de ellos, merecen mayor protección que la vida de cualquier otro ser. Ambos supuestos tienen un origen religioso. Las raíces del primero se encuentran en la idea judeocristiana de que la ley moral está consignada en reglas sencillas que no permiten excepción y el segundo proviene de la idea de esa misma tradición de que Dios creó al hombre a su imagen, le otorgó el dominio sobre todos los animales y concedió un alma inmortal sólo a los seres humanos de entre todas la criaturas. ¿Pueden los médicos que retiran los tubos de alimentación a los pacientes en estado vegetativo persistente creer realmente que existe un enorme abismo entre hacer esto y poner a esos mismos pacientes una inyección que haga que sus corazones dejen de latir?. Si lo único que hiciéramos con respecto a la vieja ética fuera renunciar a estos dos supuestos, todavía tendríamos que construir una ética completamente nueva. Esta postura sería lógica, pero no atractiva. De un modo similar, al haber renunciado a la distinción entre animales humanos y no humanos, podríamos negarnos a establecer una distinción entre personas y aquellos que no son personas y, en vez de ello, insistir en que todos los seres vivos o, quizá más convincentemente, todos los seres capaces de experimentar placer o dolor tienen el mismo derecho a la vida. Pero sin sus dos supuestos cruciales, aunque poco sólidos, la vieja ética no puede sobrevivir. La cuestión no es si será reemplazada, sino cual será la forma de su sucesora.

2) Opinión de quien esto escribe referente al texto de Peter Singer: Repensar la vida y la muerte, el derrumbe de nuestra ética tradicional, Paidós, Barcelona, Buenos Aires, Méjico, 1997, Capítulo 9.

Verdaderamente me resultó un texto irritante y falto de fundamentación, escrito por un provocador, pero no por alguien que se tome en serio los complejos problemas que están tratados en su libro, que en su capítulo 9, no alcanza a satisfacer el pomposo título “Repensar la vida y la muerte”. Tengo sospechas fundadas de su absoluta funcionalidad a grandes intereses económicos, que se disfrazan de mástil de proa, para reescribir con pluma ligera lo que necesita un análisis meditado.

En todo caso me lleva repensar el tema de la Bioética, que conocía sólo de oídas. Hubiera preferido un texto católico (quien esto escribe es protestante), como punto límite de la posición cristiana en la materia, para, a partir de ahí, ver con claridad cómo se cae como un castillo de naipes el utilitarismo yanqui, y el negocio de las corporaciones que deben ser consideradas al momento de tratar estos temas.

Considero toda vida humana como superior en derechos a todos los demás seres, pero eso no implica que el resto de los seres no merezcan protección; sólo que la vida humana es depositaria del espíritu, que existe en todo hombre, sea o no creyente, y merece toda protección, y la vigencia de todos los derechos humanos por el hecho de ser. Y la sociedad y el estado deben realizar todos lo que esté a su alcance para proteger y salvar una vida humana.

Creo que hay dos temas que merecen tratamiento especial el embrión no implantado, y el aborto. Con respecto al embrión no implantado, es necesario evaluar concienzudamente la necesidad de parejas que no pueden tener hijos; pero de ninguna manera puede cubrirse la diagramación del porte, talle, o mejoramiento del niño, con técnicas de perfeccionamientos de la raza humana propias de Menguele.

El tema del aborto es aún más complejo, las clases medias y altas tienen abortos clandestinos en clínicas cuidadas y protegidas, los pobres tienen abortos inhumanos en curanderas, y se provocan innumerables muertes por abortos. No vamos a estimar la cantidad o cifra negra de los abortos que se realizan y de las muertes provocadas por esos abortos clandestinos. Por otro lado, no estoy tan seguro que deba imponerse a las mujeres que soporten un niño no deseado, un embarazo de 8 meses, y que después entreguen el niño a la “policía”; se conviertan en un pleno aparato reproductor. Con respecto al aborto proveniente de una situación de riesgo de vida de la madre, o de violación (art. 86, segunda parte del Código Penal), no merece discusión. Está exceptuado de punibilidad desde 1921. Es que considero que el problema del aborto debe dejar de ser un problema del derecho penal, para ser un problema de conciencia moral y ética, asimismo religiosa. Los únicos que llegan a los tribunales con este tema son los pobres (quien esto escribe se dedica al derecho penal).

De todas formas son temas complejos donde se concentran en un haz: pasiones, posiciones, experiencias, mandatos, broncas, derechos, necesidades humanas, que no son solamente racionales o irracionales, sino que aparecen en un turbión vital.

Se necesitaría además de adoptar una posición, intentar contribuir a la solución de una realidad incontrastable, que produce “sangre, sudor y lágrimas”, afectando a los más débiles (Jesús anduvo entre los pobres), allí se necesita una cuota de realismo. Por supuesto que los argumentos de Singer, son baladí, y no toma el hecho con seriedad.

SNOWY: RADIOGRAFÍA DE UNA EMPRESA FANTASMA, POR PABLO WAISBERG (INFOJUS NOTICIAS, 02/09/15)

DELINCUENTES FINANCIEROS O LADRONES DE GUANTE BLANCO

La causa judicial está en el Juzgado Comercial N° 12
Snowy: radiografía de una empresa fantasma, por Pablo Waisberg

La compañía, que reclama el cobro de unos bonos emitidos durante la dictadura, tiene sede en Panamá, oficinas en Uruguay y un domicilio en Argentina que está en una casa de familia. Esa propiedad está a nombre de Mercedes Moreno Klappenbach, activa militante de un sello vinculado al macrismo. El abogado Daniel Levinsonas se negó a explicar cuál es la actividad que realiza Snowy en el país.




  Por: Pablo Waisberg
Snowy Sociedad Anónima, la empresa que reclama el cobro de unos bonos emitidos durante la última dictadura, tiene todos los condimentos de una firma fantasma: un directorio integrado por accionistas que dirigen un centenar de compañías, sede en Panamá, oficinas en Uruguay y el domicilio de la sucursal argentina que está en una casa de familia. Esas inconsistencias comerciales son las que ordenó investigar el juez comercial Hernán Papa, quien debe decidir si el Banco Central debe pagar los 311.893 dólares que exige la empresa off shore.

Varias de esas características se ventilaron el martes pasado, durante la audiencia realizada en el Juzgado Comercial N° 12, donde el juez citó a los abogados de Snowy y del Grupo Gotelli, que exigió el pago de los Bonos de Absorción Monetaria (BAM) que tiene Snowy en su poder. Allí el magistrado decidió ordenar una investigación sobre la firma de capitales extranjeros, que declara origen uruguayo.

Esos bonos, que llegaron a manos de Snowy cuando compró parte de la deuda de la quiebra de Sebastián Badaracco, nacieron con el Decreto 1.335, del 26 de noviembre de 1982. Se trató de un instrumento financiero que la dictadura otorgó a los tenedores de seguros de cambio que conseguían la prórroga del acreedor externo. Su valor estaba determinado por la diferencia entre el tipo de cambio concertado originalmente, al obtener el seguro de cambio, y el nuevo tipo de cambio por la prórroga obtenida. Esos bonos no estaban representados por un título físico sino por un depósito indisponible que estaba abierto en el banco y les daba una renta semestral.

Perfeccionar la maniobra

Una parte de esos títulos terminaron en manos del Grupo Gotelli que, desde 1980, fue tomando el control del Banco de Italia y Río de la Plata, que había sido fundado en 1872. En torno a Gotelli fueron naciendo otras empresas que conformaron un conglomerado económico, que tomaron créditos del Banco de Italia. Esos préstamos, que fueron recomprados por firmas del mismo grupo, estaban garantizados por los BAM.

Esa serie de operatorias poco claras desembocó en una situación de crisis para el banco y el Banco Central tomó la decisión de quitarle la licencia para operar. El Banco de Italia y Río de la Plata terminó quebrando en 1985. En diciembre de ese mismo año, el titular del Centro de Estudios Penales del Banco Central, el penalista David Baigún, que debía llevar adelante “investigaciones empíricas sobre los delitos financieros”, logró que se aplicara una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, que frenó el pago de la renta que debía concretarse en 1986. Esos bonos eran parte de una maniobra ilegal y cancelarlos era perfeccionarla, indicó Baigún.

Durante los noventa, una parte de esos BAM llegaron a manos de Snowy que, con la causa prescripta, presentó un reclamo para cobrar los títulos. Para poder avanzar en su planteo debió abrir un sucursal en la Argentina.

La sucursal

La actividad de Snowy parece un secreto de Estado. Hace diez días, el abogado Daniel Levinsonas, que lleva adelante la causa judicial, se negó a explicar a Infojus Noticias cuál es la actividad que realiza la empresa, que tiene capacidad para iniciar una demanda judicial en un país donde no opera pero no tiene siquiera una página web de la compañía.

Según un informe del Banco Central presentado en el expediente, Snowy tiene un directorio integrado por los accionistas Julio Carlevaro Carlo, José Ismael Feo Scarsi y Alfredo Acevedo. Sus nombres se repiten en “127 sociedades inscriptas” en Panamá, un país definido como un paraíso financiero por investigadores de todo el mundo. Pero allí tampoco se pudo establecer la actividad de la firma.

El 17 de noviembre de 2008, Snowy registró una sucursal en la Argentina, según publicó el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el 30 de marzo de 2009. La firma fijó domicilio en Avenida del Libertador General San Martín 16051 y puso como representante legal al escribano Nicanor Moreno Crotto, del estudio Moreno Crotto Abogados.

En ese domicilio, que está ubicado en un barrio de casas bajas y chalets, no funcionan las oficinas de Snowy. Esa es la casa de Mercedes Moreno Klappenbach, familiar del escribano Moreno Crotto y una activa militante de una de las organizaciones del entramado del macrismo: Agrupación Mujeres Argentinas (AMA), un sello que funciona como plataforma política de la diputada nacional por el PRO, Cornelia Schmidt Liermann.

Entre otras campañas que llevó adelante, Moreno Klappenbach cuestionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Hoy nos toca alertar sobre la posible interpretación y aplicación discriminatoria y unilateral del fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Medios, restringiendo la libertad de expresión. Una persona tiene el derecho inalienable a la libertad de pensamiento y de expresión”, escribió Moreno Klappenbach en un comunicado firmado junto a María Feldtmann de Maurette y la diputada Schmidt Liermann.

PW/LL